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APUNTE SOBRE PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN EL ESTADO DE ALARMA

El 14 de marzo de 2020 fue un día que, fuera de algún acontecimiento feliz para alguien, para la gran mayoría supuso el inicio de un periodo de incertidumbre y zozobra que todavía nos atenaza y que cuesta gestionar.

En nuestro país la respuesta a la amenaza fue contundente. Se declaró el estado de Alarma con la aprobación del Real Decreto Ley 463/2020.

Se podrá discutir si ese fue el mejor de los instrumentos para que desde el poder ejecutivo se diese respuesta a una situación de a nadie se le escapa era y sigue siendo muy peligrosa. Con ese instrumento desde el poder ejecutivo se quiso dar respuesta una miscelánea de problemas de índole sanitario, así como de otras naturalezas bien distintas que con ese estado de alarma se iban a generar.

Entre esas otras respuestas que se quisieron dar estaban las relacionadas con cuestiones tan ordinarias como la exacción de los impuestos en su ámbito procedimental.

Desde mi punto de vista las medidas aprobadas son bienvenidas, pero ello no significa que no sean criticables en cuanto a que han sido tardías en algunos casos y también poco ambiciosas. Además, en algunos casos han generado problemas prácticos de aplicación nada desdeñables. Me refiero a las modificaciones de los plazos en los procedimientos tributarios.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 (14-03-2020) quedaron suspendidos los términos y plazos administrativos pero la medida no se aplicaba a los plazos tributarios. Fue con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020 (18-03-2020) cuando se regularon los plazos en el ámbito tributario.

Respecto de aquellos actos administrativos notificados desde la declaración del estado de alarma (con posterioridad al día 13-04-2020) inicialmente se establecieron unos plazos que con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 15/2020 han quedado fijados para la cuestión que queremos comentar del siguiente modo:

Por otro lado, como es sabido la ejecutividad de los actos administrativos no se suspende con la simple interposición de un recurso o reclamación económico-administrativa. Para obtener la suspensión es necesario solicitarla dentro del plazo de pago voluntario de la deuda, único modo de evitar que se inicie la vía de apremio y que la deuda se agrave con el devengo del correspondiente recargo.

La suspensión con aportación de garantías está regulada en el artículo 233 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) y su desarrollo reglamentario en los artículos 40 y ss. del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

De la literalidad de los referidos artículos se infiere que para solicitar la suspensión se debe haber interpuesto con carácter previo o simultáneo el correspondiente recurso o reclamación económico-administrativa, so pena de que la solicitud sea inadmitida si no se hace así.

Pero a la vista de la regulación de plazos que ha entrado en vigor tras la aprobación de los Reales Decretos Ley 8/2020 (finalmente modificado por el RDL 15/2020) surge la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible interponer un recurso o reclamación económico administrativa con anterioridad o simultáneamente a la presentación de la solicitud de suspensión cuando el plazo de pago en periodo voluntario finaliza el día 30-05-2020 y el plazo para interponer el recurso o reclamación económico administrativa empezará a contarse desde el 30-05-2020 (plazo que expresamente algunas administraciones tributarias interpretan que se inicia el día 31-05-2020)?

Una primera respuesta puede darse atendiendo a que los días 30 y 31 de mayo de 2020 son inhábiles al ser sábado y domingo respectivamente. Desde luego la referencia hecha al 30-05-2020 es poco afortunada al trasladarse en cuanto a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario hasta el primer día hábil posterior al 30-05-2020, esto es, al día 1 de junio de 2020 o al 2 de junio de 2020 por ser el día uno festivo en algunas Comunidades Autónomas.

Por ello, una primera respuesta podría ser presentar el recurso o reclamación económico-administrativa el mismo día en que finaliza el plazo de pago en periodo voluntario y simultáneamente presentar la solicitud de suspensión. No obstante, esta parece una solución más marcada por la casualidad que por una voluntad legislativa.

La respuesta no la vamos a encontrar en la literalidad de las normas aplicables a pesar de que fuese lo exigible. La respuesta sólo la podrá encontrar el contribuyente afectado tras un minucioso análisis jurídico que requerirá adentrarse en jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo. Concretamente la relacionada con la aplicación del principio “pro actione” y a la proscripción de excesos formalistas.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de diciembre de 2011, recurso 208/2008, declaró:
“Por último, en lo que ahora interesa, es de destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117. 3 CE, los tribunales de este orden de jurisdicción contencioso-administrativo quedamos compelidos a interpretar las normas procesales, cuando del derecho de acceso a la jurisdicción se trata, no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio sino en un sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por un formalismo excesivo o por cualquier otra razón, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso (por todas, SSTC 118/1987, de 8 de julio ,FJ 3; 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2 ; 312004, de 14 de enero, FJ 3 ; y187/2009, de 7 de septiembre, FJ 2)”.

La obtención de la suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos como medida cautelar forma parte de la efectividad de la tutela judicial y por ello una interpretación literal de las normas implicadas llevaría al absurdo de que para obtener la suspensión automática regulada en el artículo 232 de la LGT tanto la presentación de la solicitud de suspensión como del recurso o la reclamación se deben realizar el día 31 de mayo, con la problemática añadida de aportar las garantías cuando las dependencias administrativas están cerradas al público, o el día uno o dos de junio, primer día hábil posterior al día 30 de mayo.

La interpretación integradora no puede ser otra que aquella que permite la presentación del recurso o de la reclamación en cualquier momento posterior a la notificación del acto que se quiere combatir y hasta el día en el que finalice el plazo del mes contado desde el día 30 de mayo. Sólo de este modo será posible solicitar la suspensión dentro del periodo voluntario de pago sin caer en una proscrita interpretación “rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que se trata de proteger “.

Luis A. Grech Navarro
Miembro de Addensis


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