ADDENSIS · Abogados y economistas
☰  MENU

Fuerza mayor, Caso Fortuito y Cláusulas Rebus sic Stantibus

I.- INTRODUCCIÓN

La situación generada por la COVID-19 y la declaración del estado de alarma están generando ya multitud de problemas. Además de los personales (como consecuencia del fallecimiento de un gran número de personas y el deseo de buscar posibles responsabilidades ante la reacción tardía o incorrecta en la adopción de medidas), también se están generando numerosos problemas de tipo económico, provocados por el descenso del consumo y la paralización de la actividad empresarial.

Estos datos (bajo o nulo consumo y paralización de actividades) suponen que la mayoría de empresas y profesionales estén padeciendo una falta de liquidez. Y la falta de liquidez, a su vez, provoca problemas para poder atender y cumplir con los compromisos previamente asumidos (pago de nóminas, alquileres, entrega de pedidos, pago de compras anteriores, pago de costes fijos…).

Si a ello unimos la incertidumbre de no saber hasta cuándo durará esta situación, ni si la misma, aun cuando se estabilice, puede volver a reproducirse, tenemos los ingredientes perfectos para un sinfín de problemas y para vernos inmersos en una nueva crisis de proporciones casi descomunales.

Durante este tiempo, se han ido dictando una serie de normas de apoyo a ciertos colectivos (personas vulnerables, autónomos, trabajadores por cuenta ajena, arrendatarios) -lo que supone, desde luego, un reconocimiento de la excepcionalidad del momento en el que nos encontramos-. Pero estas medidas no son completas ya que ni son aplicables a todas las empresas ni abarcan toda la problemática que la realidad puede generar.

Durante estos ya más de 2 meses seguramente habrán oído hablar a algunos profesionales o en los medios de comunicación de soluciones posibles para hacer frente a estos problemas, y habrán oído hablar de ERTES, ERES, CONCURSOS, FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O la llamada CLÁSULA REBUS SIC STANTIBUS.

Nuestro deseo es ofrecerles, muy brevemente, una idea general de algunas de estas cuestiones como posibles instrumentos a su servicio si, por desgracia, tienen que hacer frente a algún problema.

En cualquier caso, sepan que nuestra finalidad, con esta cápsula informativa, es meramente divulgativa, para dar a conocer posibles instrumentos legales al servicio de las empresas y profesionales que tengan que hacer frente a una difícil situación. Pero cada empresa, cada persona y cada problema son únicos y, normalmente, complejos, por lo que nuestro mejor consejo es que, ante cualquier duda, acudan a sus asesores de confianza para evaluar la conveniencia o viabilidad de la mejor de las soluciones posibles.

Empezamos, ahora, con unas nociones sobre el caso fortuito, la fuerza mayor y la llamada cláusula rebus sic stantibus.

II.- LOS CONTRATOS DEBEN, EN PRINCIPIO, CUMPLIRSE

La existencia de un contrato supone el nacimiento de una serie de obligaciones a cargo de las partes que deben ser cumplidas de manera íntegra y exacta. Y si una de las partes no las cumple (en todo o en parte) o las cumple con retraso, la otra parte podrá pedir que se exija el cumplimiento forzoso o a costa del deudor, así como una posible indemnización de daños y perjuicios.

III.- POSIBLES EXCEPCIONES AL DEBER DE CUMPLIMIENTO EXACTO, TOTAL E ÍNTEGRO DE LOS CONTRATOS

Sin embargo, existen determinados supuestos en los que, bien porque lo establece la Ley, bien porque lo han reconocido los Tribunales, el obligado a cumplir con una obligación puede, o bien quedar exonerado de cumplir con su obligación, o bien beneficiarse de una modificación de la obligación que debía cumplir, sin que ello suponga que incurra en responsabilidad alguna ni, por tanto, tampoco tenga que indemnizar por los posibles daños y perjuicios que haya podido provocar su incumplimiento.

Estos supuestos de “exoneración” total o parcial son:

No obstante, y sin perjuicio de lo que diremos seguidamente, conviene tener presente que, al menos hasta hoy, los Tribunales han venido siendo extremadamente restrictivos en la valoración y reconocimiento de estos mecanismos.

1.- CASO FORTUITO/FUERZA MAYOR

Con carácter general, dice el art. 1105 CC que “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse (“caso fortuito”), o que, previstos, fueran inevitables (fuerza mayor”).

Para que pueda considerarse que existe un caso fortuito o una fuerza mayor debe tratarse de:

– un hecho o acontecimiento ajeno al ámbito interno de la empresa,

Imprevisible y/o inevitable (imprevisible significa que ha ocurrido algo que muy difícilmente podríamos considerar o anticipar que sucediera y con sus consecuencias; lo inevitable puede definirse como la incapacidad para impedir o bien que el acontecimiento en sí mismo se produzca o bien que se materialicen sus consecuencias dañosas). Se trata de conceptos genéricos que deben interpretarse en función de las circunstancias, no sólo de las relativas al hecho en sí mismo, sino también de las de la persona afectada por ese hecho (como, por ejemplo, de su capacidad o medios para predecir los hechos o reaccionar a sus efectos). El Tribunal Supremo español, en ocasiones, ha hecho referencia a la previsibilidad que sería exigible a una persona/empresa media, pero también que esa previsibilidad deberá ser analizada en función de la concreta actividad a la que se dedique una persona o empresa.

Para hacernos una idea de la interpretación restrictiva que hacen los Tribunales acerca del caso fortuito o la fuerza mayor, basta con leer lo que decía, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30-9-1983: “Imprevisibles son aquellos sucesos totalmente insólitos o extraordinarios que, aunque no imposibles físicamente y, por tanto, teóricamente previsibles, no son de los que puede calcular una conducta prudente, atenta a las eventualidades que el curso de la vida permita esperar”; Y sobre la inevitabilidad decía; “si bien no excusa de prestar la diligencia necesaria para superar las dificultades que se presenten, no exige la llamada prestación exorbitante, es decir, aquella que exigiría vencer dificultades que puedan ser equiparadas a la imposibilidad, por exigir sacrificios absolutamente desproporcionados o violación de deberes más altos, pues basta para excusar el incumplimiento que este no sea imputable al deudor por haber procedido con la diligencia que las circunstancias requerían con arreglo al  art. 1104   del  Código Civil  (LEG 1889, 27) “;

– que haya surgido con posterioridad a la celebración del contrato;

– que no sea imputable al obligado a cumplir (es decir, que no medie culpa del obligado).

que impida el cumplimiento de la obligación (total o parcialmente, definitiva o temporalmente).

En cuanto a los efectos o consecuencias de la apreciación de la concurrencia de estas figuras, si bien está claro, legalmente, que el deudor no sería responsable (y, por tanto, no se le podrían exigir daños y perjuicios), no lo está tanto si el deudor quedaría o no liberado de cumplir con la obligación asumida.

Por ello, podemos considerar como pauta los siguientes supuestos:

1.- Si la imposibilidad es total y definitiva: el obligado quedaría liberado; no obstante, hay excepciones (como el caso de las obligaciones llamadas “genéricas” -como la de pagar en dinero- en las que no opera la excepción del caso fortuito y de fuerza mayor, ya que la cosa genérica se suele considerar que se puede sustituir por otra de igual género; o en los supuestos en que lo diga la ley o se haya previsto en el contrato -ex art. 1105 CC).

Obligaciones genéricas son aquellas en las que el deudor sólo está obligado y cumple entregando una cosa cualquiera o prestando un servicio cualquiera de los que conforman ese género al que pertenecía la obligación contractual, siendo tan sólo exigible por el acreedor la pertenencia de la cosa o servicio al género o clase pactada, o, en otras palabras, en la obligación genérica existe una cierta indeterminación de la prestación al tiempo de convenirse la obligación (p.e. la compra de 100 litros de vino) ; en cambio, son obligaciones específicas aquellas en las que el deudor viene obligado a entregar esa misma cosa, y no otra distinta para liberarse, así como a prestar el concreto servicio y no otro, por venir determinada la cosa o servicio por sus caracteres individuales (p.e. la compra de 100 litros de vino de la DO Costers del Segre, de la bodega RAIMAT, marca CLAMOR, cosecha de 2018).

2.- Si la imposibilidad es parcial, quedaría liberado el deudor sólo en la parte que le sea imposible cumplir, pero seguiría obligado por la parte que sí puede llevar a cabo.

3.- Si la imposibilidad es temporal; el deudor quedaría liberado de la responsabilidad por mora (retraso), pero podría considerarse que sigue obligado a cumplir con la pactado cuando cese la causa de la fuerza mayor o el caso fortuito.

¿Puede considerarse la situación generada por la COVID19 una situación de caso fortuito/fuerza mayor?

Esta es la pregunta que se puede formular mucha gente. Pero, en realidad, habría que formularla de manera mucho más concreta y ello da lugar a la necesidad de estudiar situaciones muy diferentes como las siguientes:

1.- Persona afectada por el virus que haya sido obligada a guardar “cuarentena”: si el contrato establecía que la obligación la tenía que cumplir esta persona en concreto o se trata de un negocio desarrollado sólo por esa persona (por ejemplo, realizar unas obras, reparar un automóvil, prestar un asesoramiento), podría verse liberada.

2.- Persona o empresa no afectada por el virus pero que no ha podido desarrollar su actividad normal como consecuencia del Estado de Alarma y que tenía que “hacer” algo (reparar un coche, pintar un cuadro, prestar un servicio): también podría quedar liberada.

3.- Persona o empresa que tenía que hacer frente al pago de una deuda de dinero pero que no puede pagar porque no ha tenido actividad: en principio, no quedaría liberada (salvo que los Tribunales cambien el criterio mantenido hasta la fecha)

4.- Persona o empresa obligada a una prestación de dar o hacer, no afectada por el virus ni afectada por el estado de alarma (por considerarse actividad esencial): en principio, no quedaría liberada.

A todo ello habría que añadir la consideración de una problemática adicional. Y es que si bien la apreciación de un caso fortuito o fuerza mayor podrían dar lugar a la admisión de un retraso o incluso una falta de  cumplimiento de la obligación (sin que el afectado deba responder por los eventuales daños y perjuicios que genere su incumplimiento), no podemos pasar por alto la situación en la que puede quedar la empresa que esperaba recibir esa prestación, ya que pudiera suceder que esta empresa ya no tenga interés en que se cumple el contrato de manera tardía, o pudiera suceder, incluso, que aquello que una empresa no ha recibido a tiempo haya provocado, a su vez, que esta empresa haya incumplido con otro contrato que tenga asumido con terceras personas. En definitiva, estamos hablando de lo que podría llamarse una “cadena de incumplimientos”, lo que generará un efecto bola de nieve a nivel económico y una multiplicación de procedimientos judiciales de efectos descomunales y que den lugar a respuestas judiciales posiblemente diferentes (por ejemplo, que en el procedimiento judicial entre una empresa y su proveedor se declare que existió una fuerza mayor, pero que en otro procedimiento entre esa misma empresa y un cliente se declare que no hubo fuerza mayor).

A modo de RESUMEN, podríamos decir que, dadas las características de la situación en la que nos hemos encontrado como consecuencia de la COVID19 (a nivel mundial), así como algunos precedentes que se han vivido en España a raíz de la Gripe-A, todo apunta que el caso fortuito y la fuerza mayor van a tener un gran protagonismo y van a ser muy utilizados. Pero hay que ser cauteloso, ya que, como hemos visto, sólo se podrían usar estas figuras cuando estemos ante un contrato con obligaciones específicas, no genéricas, y teniendo en cuenta las razones del cese de actividad y la posibilidad o no de la empresa en cuestión de prever o, en su caso, evitar las consecuencias de la COVID 19 y las consecuencias del estado de alarma.

2.- ALTERACIÓN SOBREVENIDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS (REBUS SIC STANTIBUS)

Se trata de una fórmula creada por la jurisprudencia para dar una solución a aquellos casos en los que, como consecuencia de una alteración sobrevenida de las circunstancias que existían o se consideraron al tiempo de celebrarse un contrato, se produce un enorme desequilibrio entre las partes; en otras palabras, se inventó esta teoría como un medio de reestablecer equitativamente el equilibrio de las prestaciones que se supone debería existir en todo contrato.

Los requisitos exigidos por los Tribunales para apreciar este mecanismo son los siguientes:

  1. una ALTERACIÓN EXTRAORDINARIA de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración;
  2. una DESPROPORCIÓN EXORBITANTE, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones, y
  3. que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente IMPREVISIBLES
  4. NO ES APLICABLE si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo en el contrato, ni cuando debieran haberlo asumido porque de la naturaleza del contrato o de las circunstancias se considera que el riesgo era razonablemente previsible; tampoco cuando se trate de riesgos normales del contrato.
  5. e) la cláusula es únicamente aplicable, en principio, a los CONTRATOS A LARGO PLAZO O DE TRACTO SUCESIVO y de ejecución diferida. En cuanto a los contratos de tracto único (con prestación diferida) es más discutible. No lo ha negado el TS, pero ha dicho que es aún más excepcional su aplicación a ellos. En cuanto a si debe haber transcurrido un plazo de tiempo entre el momento de celebración del contrato y el momento de cumplimiento de la prestación, depende de las circunstancias del caso concreto. En este sentido, un corto espacio de tiempo entre la fecha del contrato y el acaecimiento de la alteración de las circunstancias puede ser irrelevante para aplicar la teoría.

¿Qué efectos tiene la apreciación de esta figura?:

Hasta el presente, se le ha negado efectos liberatorios, rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato, otorgándole sólo efectos modificativos, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones. Lo cual, dicho sea de paso, no es tarea nada fácil ya que, a falta de acuerdo entre las partes, la solución alternativa o sustitutiva deberá ser fijada (discrecionalmente) por un Tribunal de entre aquellas que sometan a su consideración las partes.

Por tanto, no basta con que se alegue este mecanismo, sino que, para el caso de que se admitiera por un Tribunal que se ha producido una alteración extraordinaria de las circunstancias, es absolutamente necesario aportar al Tribunal una solución alternativa, lo que, en ocasiones, nos obligará a aportar informes periciales de tipo económico o técnico en apoyo de la misma.

IV.- CONCLUSIONES

Existen en España algunos mecanismos legales para que alguien quede liberado, total o parcialmente, o temporalmente, del deber de cumplir con lo pactado, siendo ejemplos de ellos las figuras de la fuerza mayor, el caso fortuito y la llamada cláusula rebus sic stantibus.

Pero no pensemos que estos mecanismos se aplican sin más y de manera indiscriminada. Al contrario. Los Tribunales han sido tradicionalmente reacios a aplicarlos (ya que suponen una ruptura de lo pactado), y han reservado su aplicación a casos realmente extremos.

Sólo un análisis del contrato concreto asumido por las partes y un profundo conocimiento de los requisitos legales o jurisprudenciales, además del apoyo de informes elaborados por expertos, nos pueden permitir analizar si esos mecanismos pueden o no ser aplicados y sus efectos.

Joaquim Massanella

Miembro de Addensis


Artículos relacionados en:

Caso Fortuito/Fuerza Mayor Contratos Derecho civil Litigios Procesal Rebus sic stantibus Tribunales