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NECESARIA IMPARCIALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES POLICIALES DURANTE LA FASE INSTRUCTORA DE UN PROCESO PENAL

Por Joaquim Massanella

Todo juicio penal debe empezar con una investigación previa que se lleva a cabo, bien por la policía (porque tiene conocimiento de la comisión de un posible delito por alguna denuncia o por otros medios) o bien por el Ministerio Fiscal o un juzgado de Instrucción. Cuando la investigación la lleva a cabo el Ministerio Fiscal o un Juzgado de Instrucción, éstos pueden servirse de la policía para que lleve a cabo investigaciones concretas y, en este caso, la policía hará (o, mejor dicho, debería hacer) lo que le ordenen.

Esta instrucción/investigación tiene una doble finalidad: averiguar si se ha cometido un delito y, en su caso, averiguar quién lo ha cometido.

Mucha gente (incluso algunos policías, jueces y fiscales) cree aún que las investigaciones deben tener por objeto recopilar pruebas que incriminen a alguien, es decir, pruebas que sirvan para declarar a alguien culpable. Pero esto es un error. Toda investigación debería tener por finalidad recopilar todo aquello que tenga relación con la posible comisión (o no) de un delito, y sobre la posible intervención (o no) en el mismo de alguna persona. En otras palabras, se debería recopilar toda la información disponible, favorezca o no a una posible acusación. Y ello por dos razones: primera, porque existe la llamada presunción de inocencia, y segunda, porque los investigadores deben recopilar toda la información disponible posible para que sea un Tribunal, en el futuro, quien analice esos datos y otras pruebas y decida, imparcialmente, si hay o no delito y si se condena o no a alguien.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española (reguladora de esas investigaciones y juicios) se aprobó en 1882 y aún está vigente (con algunas modificaciones). Pues resulta que, en 1882, ya se ponía de manifiesto que la justicia penal española adolecía de unos defectos muy importantes, y en su Exposición de Motivos se decía: «nuestros Jueces y Magistrados han adquirido el hábito de dar escasa importancia a las pruebas del plenario, formando su juicio por el resultado de las diligencias sumariales y no parando mientes en la ratificación de los testigos, convertida en vana formalidad; que, en ausencia del inculpado y su defensor, los funcionarios que intervienen en la instrucción del sumario, animados de un espíritu receloso y hostil que se engendra en su mismo patriótico celo por la causa de la sociedad que representan, recogen con preferencia los datos adversos al procesado, descuidando a las veces consignar los que pueden favorecerle; y que, en fin, de este conjunto de errores, anejos a nuestro sistema de enjuiciar, y no imputable, por tanto, a los funcionarios del orden judicial y fiscal, resultan dos cosas a cual más funestas al ciudadano: una, que al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos y subleva la conciencia del procesado; y otra, que cuando éste, llegado al plenario, quiere defenderse, no hace más que forcejear inútilmente, porque entra en el palenque ya vencido o por lo menos desarmado«.

Pues resulta que, a pesar de esta grave advertencia que se hacía ya en el s. XIX, las cosas siguen igual de mal.

Aquí tenemos un ejemplo muy concreto: en un proceso penal muy mediático, la policía investigaba si se había cometido un delito de sedición o rebelión debido a la concentración de miles de personas ante las dependencias de un organismo catalán. Las personas concentradas protestaban como consecuencia de unas entradas, registros y detenciones llevadas a cabo por la policía española en determinados organismos públicos y domicilios particulares ordenados por un juzgado de instrucción. La policía (según ha relatado, como testigo en el juicio, el agente de la guardia civil encargado de la investigación) recopiló las imágenes que de los hechos tenían una serie de canales de televisión (no de todos los canales, sino de los que seleccionó la policía sin acreditar por qué de unos sí y de otros no -cuando todos sabemos que hay ciertos canales que tienen algunos sesgos ideológicos peculiares y que algunas imágenes podían haber sido editadas-), visualizó unas 80 horas de grabaciones, seleccionó unas cuantas imágenes que la policía consideró más «significativas» y elaboró un vídeo resumen de 1 hora. ¿Qué seleccionó? Pues sólo las imágenes que, a su juicio, podían sustentar una acusación, es decir, aquellas de las que pudieran derivarse elementos de violencia para sustentar una acusación por sedición o rebelión y en las que se oían gritos supuestamente amenazantes (como “fuera las fuerzas de ocupación”, “votaremos”, “libertad”, “no saldréis” o “fascistas”) o se veían dos coches de la guardia civil con las ruedas pinchadas, los cristales y faros rotos y la carrocería llena de pegatinas. En cambio, desechó cualesquiera otras imágenes (como las que reflejaban que la gente concentrada cantaba canciones populares, o las de artistas que actuaban como en un concierto, la de gente que ofrecía flores a la policía y que bailaba, como si se tratara de una fiesta popular, o la de reporteros gráficos que se colocaron sobre los vehículos policiales para conseguir buenas imágenes de la concentración).

Y es que la imparcialidad (entendida como una actitud consistente en actuar objetivamente y sin predilección ni inclinación hacia nadie ni nada) es absolutamente necesaria siempre, no sólo cuando debe decidir un Tribunal. Porque no olvidemos que el Tribunal deberá decidir a base de las pruebas que se presenten ante el mismo; y si esas pruebas son tendenciosas o parciales, difícilmente podrá decidir de manera imparcial, dado que, como ya se advertía en el siglo XIX, se habrá ido fabricando una suerte de verdad artificiosa que, después, será muy difícil revertir.

Y así andamos. Con unos 140 años de retraso respecto de lo que ya sabíamos.


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